La polarización política pone en grave riesgo la paz social en México

San Lázaro

La conformación del Frente Amplio de Izquierda por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, junto con el resolutivo de la Convención Nacional Democrática (CND), de reconocer a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como presidente legítimo, a contracorriente del fallo unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ratificó como presidente electo a Felipe Calderón Hinojosa, después de que dicho órgano consideró  que las impugnaciones e inconformidades presentadas por la coalición Por el Bien de Todos no constituyeron pruebas suficientes para revertir el resultado de la elección del 2 de julio, lleva a su máxima polarización el conflicto poselectoral en México.

Así, habrá prácticamente dos presidentes: uno, legal pero con una legitimidad bajo sospecha y con estrechos márgenes de gobernabilidad; y otro, legítimo a los ojos de una gran mayoría ciudadana que es la gran minoría excluida de una lógica económica feroz que hoy, subordina y finiquita los activos y principios que dieron fundamento al Estado mexicano, al fin este amplio movimiento es una expresión de las serias contradicciones y asimetrías que asoman entre los ideales democráticos y las realidades de los poderes económicos; AMLO, pues, será un presidente en rebeldía como la patente expresión de una sociedad que no termina, desde el siglo XIX, de cuajar y organizarse políticamente alrededor de un proyecto de nación común e incluyente.

La debilidad política de Felipe Calderón Hinojosa y el abanico de compromisos a que deberá responder comenzarán a marcar pronto el sentido de su proyecto que incluso aún hoy no se define de manera abierta en sus objetivos. Para el presidente entrante no será fácil tampoco retomar en su agenda algunas de las preocupaciones de la oposición, en especial en temas sensibles como el empleo y la seguridad social, conforme vaya empujando en las Cámaras asuntos como la reforma energética, fiscal, laboral, todo ello dentro de los escenarios inestables que el gobierno saliente del presidente Fox no resolvió y que le heredará al entrante, lo que tendrá efectos inesperados en las posibilidades del nuevo presidente de encauzar y amarrar los acuerdos necesarios dada la profunda crisis en la que ha estado envuelta la clase política nacional.

En este sentido, el Frente Amplio de Izquierda podría convertirse en un bloque de contención muy sólido ante las iniciativas de reforma que Felipe Calderón haga llegar a las Cámaras, por lo que es muy factible que incluso entremos a otra parálisis legislativa, la cual sólo podrá resolverse con el diálogo y debate para avanzar en los distintos temas pendientes. Las presiones sobre el presidente electo tendrán como centro fundamental el impulso para una privatización total o parcial de sector energético mexicano (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro), por parte de la cargada neoliberal que favorece la apertura del sector a los intereses corporativos transnacionales.

Tras bambalinas los operadores de esta iniciativa trabajan ya para encaminar este jugoso paquete, por lo que muy pronto estarán cabildeando un posible amarre en el que el PRI y el PAN buscarán enfrentar el dique representado por el Frente Amplio de Izquierda en lo que toca a considerar los recursos naturales como bienes públicos y soberanos del Estado Mexicano. En su carácter de presidente legítimo y líder del Frente Amplio de Izquierda, AMLO sin más aval que la vox populi hará un marcaje personal sobre cualquier propuesta y acción que se intente implementar desde el poder Ejecutivo.

La interminable discordia entre las tres principales fuerzas políticas del país y la espiral de violencia que se cierne sobre el país, en especial, en lo que toca a la inseguridad pública, el incontenible embate de los cárteles de la droga, lo mismo que la aparición cada vez más marcada de brotes de insurrección por en zonas de marginación y pobreza, confluyen como elementos de un explosivo cóctel que reclama como principios rectores el diálogo responsable y la negociación.

El nulo respeto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y el Instituto Federal Electoral (IFE), mostró al ejercicio del voto en las elecciones presidenciales pasadas, aumentó el descrédito y puso entredicho la confianza ciudadana en las instituciones; en este sentido, el control de daños de dichos actos y el proceso de reconciliación nacional no será cosa fácil, luego que la derecha utilizó en forma desmedida campañas publicitarias que avivaron los resentimiento y odios, e incluso en fueron claros los tintes racistas de las mismas.

Los enconos de las campañas terminaron por sembrar la incertidumbre y de poco sirvieron para activar y dar certeza al papel protagónico de la sociedad para definir el rumbo del país. Lejos de que las instituciones fortalecieran este potencial de cambio de la mano de los liderazgos ciudadanos, la polarización ha llevado a los distintos actores a los extremos de dos posiciones irreconciliables: unos los que buscan liquidar o reconvertir a las instituciones bajo el signo de la globalización versus los que demandan como principio esencial de la transición democrática la reforma del Estado y la incorporación de un nuevo proyecto incluyente de nación. 

La espiral de caos político en México puede llevar al país a un estallido social de serias consecuencias. La falta de un acuerdo nacional, ensombrece el panorama que el cambio de gobierno tiene a la vista. Los indicios de un endurecimiento de la situación actual en el país sólo confirmarían que el modelo económico actual, lejos de transformarse y paliar de algún modo las presiones externas e internas, podría pasar a una etapa de mayor recrudecimiento.

La construcción del gran muro fronterizo con los Estados Unidos será un factor más a considerar, dada las múltiples implicaciones que suscita la posibilidad de que se cierre permanentemente una válvula fundamental para mitigar las fuertes asimetrías y presiones económicas que vive el país.

La debilidad presidencial e institucional que se vive hoy el país, pone en grave riesgo la seguridad y la soberanía nacionales, por lo que se requiere de un gran acuerdo nacional que pueda concretarse en una gobierno de coalición, en el que se admitan todas las voces del espectro político actual por un movimiento nacional de reconciliación y de emergencia, ante el inminente resquebrajamiento del pacto republicano, pues está en grave riesgo la paz y convivencia social en México. 

Roberto Martínez Hernández     

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